El pasado sábado, en Guriezo, Revilla vino a decir que: El secretario general del PRC dejó muy claro a los presentes que su partido «va a tener un gran resultado electoral» y no va a necesitar de ninguna encuesta. «Noto en la calle que la gente está con el partido. Sobre todo con mi persona. Noto que la gente me quiere». Y así se publicó el domingo en el DM.
Les cito esto, ya que en otro apartado del diario y en Europapress, se citaba que el lunes, por ayer, recibiría a los representantes de quienes se sientes afectados por la Ley de Montes de Cantabria. Ley que pensaban aprobar mañana en el Parlamento cántabro.
Puede que Revilla tenga muchos defectos y puede que tenga también muchas virtudes. Pero entre sus defectos no está ser tonto, políticamente hablando. Pero por fin alguien se ha dado cuenta de un defecto gravísimo que tiene nuestro presidente. Defecto que no es otro que el de ser un demagogo de muchísimo cuidado.
Quiere ganar las elecciones autonómicas, para sacarse la espina y para que no digamos que entraron en el gobierno por la puerta de atrás, en su decir. Lo que viene a decir que sí entraron por la puerta de atrás. Y no fue por el buenismo del PSC, dejándole la presidencia en 2003. No. Su entrada trasera lo fue porque siempre ha sido un demagogo de libro. Solo hay que ver su etapa con el PP, de presidente de la CROTU y los desmanes urbanísticos cántabros.
Pero ahora se le ha visto el plumero de forma evidentísima, que hasta muchos de sus sostenedores han caído por fin en la cuenta.
Demorar la solución no tiene solución. Y es tanto el deseo de ganar las próximas elecciones que ha confundido el problema. Posponer la Ley, a dos días de tener prevista su aprobación sin la necesaria participación ciudadana ha venido a demostrar lo que algunos ya intuíamos. Están, nuestros perrecistas autonómicos y muchos locales, cagaditos de miedo. Tanto amor, en la calle, como preveía Revilla se le ha trocado de repente en una visión clara y certera de que llega demasiado tarde y demasiado mal hecha esa Ley autonómica.
Tarde, porque la mismísima Ley 43/2003 y su modificación de 2006, preveían que las comunidades autónomas hicieran sus respectivas normas. Y prácticamente todas las comunidades han promulgado sus normas de montes. No así Cantabria, con su presidente a la cabeza, que a día de hoy, todavía la pospone un poco más. Pero hay más y de peor solución. Algunos interesados piden la desafectación de los montes comunales y la piden, con o sin razón, cada caso particular tendrá las suyas propias, porque saben que sin la desafectación difícilmente podrá reconocérseles la propiedad privada. No podrán aportar ningún documento válido, no servirán ni la inscripción en el Registro de la Propiedad, ni la ocupación pacífica, ni las certificaciones de los Ayuntamientos. Por un simple motivo, los montes comunales, son demanio público y por lo tanto son imprescriptibles, inalienables, “invendibles”. Que no hay forma legal de hacerse con la propiedad privada de esas parcelas incluidas en el demanio público, siempre y cuando no se desafecten a dicho servicio y demanio público pasando a ser no ya demanio sino una propiedad patrimonial más, como lo puede ser un edificio de propiedad municipal cualquiera, sin que éste se vea afectado a servicio alguno.
Pero los que piden esta, a mi modo de ver, barbaridad jurídico posesoria se encuentran con la pescadilla que se muerde la cola. Pues el Art. 17.1 de la Ley 43/2003 dice que: “1. La desafectación de los montes catalogados del dominio público forestal requerirá,in perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4, su previa exclusión del catálogo".
Y esto es lo que nadie está dispuesto a realizar, porque las directivas comunitarias lo ponen realmente difícil y justificarlo solo con el criterio de privatizar el demanio público, reconociendo propiedades privadas, resulta a los ojos europeos algo así como un latrocinio. Atención, no se me malinteprete, estoy convencido de que una gran mayoría de afectados adquirieron dichas parcelas con toda la buena fe, ya fuera por contratos de compraventa o por herencia. Siempre y en todo caso el problema se ha generado por la negligencia de las Entidades Locales que no velaron por el demanio público y ahora nos encontramos con ciudadanos que son víctimas por partida doble. Exactamente igual que con el asunto de los consorcios más que caducados y, con la Ley estatal refrendada su caducidad y manida su “prorroga y/ o renovación y/ o reconducción tácita”.
Si todavía les resulta engorroso, el Art. 19.1 se lo puede aclarar. Piden desafectar los montes demaniales o comunales, para que sean patrimoniales sin afectación a servicio alguno. De esa forma, les vale la adquisición legal de la propiedad por usucapión; esto es, por la posesión u ocupación de la parcela por espacio de treinta años de forma pacífica. Y el punto 2 de ese Art. 19, fija que para que la ocupación sea pacífica y se entienda ininterrumpida la ocupación de la parcela, no se han tenido que iniciar expedientes sancionadores o reclamación de las parcelas por parte del Ayuntamiento. Cosa que en ningún, casi ningún, caso ha venido realizando ninguno de los Ayuntamientos cántabros.
Ahora pueden ver dónde está la “trampa” de unos en su buena fe. Ahora ven dónde está la trampa del “arrea tarde y recula presto” que aumenta o resta votos. Ahora ven la cagada monumental de no velar por lo público. Ahora ven la barbaridad de atomizar el monte para su explotación, en vez de hacerlo como decían las normas, ya entonces, de que los montes comunales se explotaban por el común de los vecinos y solo en casos excepcionales, por imposibilidad a justificar, se haría de forma privativa.
De todas formas, a pesar de todo esto, de lo demagógico de la situación, estoy de acuerdo con Revilla en tirar la Ley de Montes de Cantabria, no al Consejo de Estado, sino a la trituradora de documentos. Por ser una ley que no es tal, sino una grandísima cagada realizada por una Consejería que se ha caracterizando con y sin el PRC por ser tuerta y mirar para otro lado cuando tenía un problemón muy fácil de resolver: Reclamando primero la propiedad pública y legislando después. Impidiendo la “continuidad tácita” de los consorcios caducados y obligándose a la reordenación de los montes, que es algo que le compete y no permitiendo que alcaldes que en vez gestionar lo público, han ido dilapidando recursos y generando todo este bardal, solo para perpetuarse en el cargo, con total desprecio de lo público, del interés general.
Una vez más hemos visto como la Casta no cejará, queriendo confundir el Interés Público con el “interés del público”, los Intereses Generales con los “intereses generalmente particulares”. Yo tampoco.
Un saludo y corred la voz.
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